Ciberpatrullaje: Así será el nuevo protocolo de seguridad en tiempos de pandemia

03/06/2020 | Info General |

El Gobierno Nacional oficializó un nuevo protocolo de seguridad mediante el rastreo de delitos en redes sociales. La medida estará a cargo de la Policía Federal, Policía Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval.

Este martes, el Ministerio de Seguridad de la Nación puso en vigencia la Resolución 144 de "Protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas". La misma tendrá vigencia durante el plazo de la emergencia sanitaria establecida por decreto 260.

Para su ejecución, personal de la Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina se abocarán, además, a tareas de prevención del delito en el espacio cibernético en busca de “elementos que permitan sospechar o presumir la comisión de actividades delictivas”.

En este sentido, expone como hechos delictivos comercialización y distribución de medicamentos truchos y de insumos sanitarios críticos; la venta de presuntos remedios con referencias al covid-19, los ataques informáticos a infraestructura crítica, especialmente a hospitales y a centros de salud, y posibles violaciones a la emergencia sanitaria.

Enumera también otras situaciones como trata de personas; narcotráfico; lavado de dinero; terrorismo; violencia de género; grooming; y pornografía infantil.

El documento aclara que "las tareas de ciberpatrullaje cuidarán de no implicar una afectación a la libertad de expresión" y buscarán "evitar el autocontrol discursivo y la autocensura" para así preservar "el debate plural y el intercambio democrático de las ideas". Por ello, detalla que estará prohibido “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas o usuarios por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”, o “utilizar fuentes digitales abiertas para monitorear y observar detenidamente individuos o asociaciones, como así también para obtener información sobre cualquier acción que implique el ejercicio de los derechos a la protesta social y a la disidencia política”.

La tarea de las fuerzas culminará con “la puesta en conocimiento de la notitia críminis a los magistrados competentes del poder judicial o del ministerio público, según corresponda”, explica la medida, y aclara que el material que no sea judicializado será destruido.

Así, agrega que la tarea preventiva “no implicará una afectación a la libertad de expresión” y se “evitará el autocontrol discursivo y la autocensura resultantes de una vigilancia masiva, genérica e indiscriminada, de modo que se preserve el debate plural y el intercambio democrático de las ideas”.

La resolución detalla que regularmente se publicará la información relacionada a “la cantidad de casos, las redes sociales y sitios web en general que fueron relevados; y las herramientas y las metodologías utilizadas para cada caso investigado”.


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