Los gobiernos pasan y los ajustes quedan

17/02/2020 | Opinión |

Cr. Livio T. Fernández *                             

El ajuste a los jubilados de la ANSES anunciado recientemente por el Gobierno nacional se parece bastante al achatamiento salarial que impuso el Gobierno provincial a los policías chaqueños entre 2004 y 2006, que se agravó notablemente entre 2008 y 2011 por la imposición por Decreto de varias sumas en negro.

Los jubilados nacionales sufrieron la suspensión de la fórmula de la movilidad salarial, y a partir de marzo se aplicará un nuevo método de cálculo de la movilidad que consiste en una suma fija de $ 1.500 y un adicional del 2,3% sobre las prestaciones previsionales para todos los jubilados. Esto provocará el achatamiento salarial, o sea un ajuste regresivo en la pirámide salarial de los jubilados.

Los que cobran la mínima de $ 14.068 recibirán un aumento del 13%, levemente superior al que les hubiera correspondido con la fórmula suspendida de alrededor del 11,6% ($ 197 más), pasando a cobrar desde marzo $ 15.895. El corte se producirá en haberes de $ 16.200 aproximadamente, y los jubilados que tengan haberes superiores a esta cifra tendrán un porcentaje menor, y se irá reduciendo a medida que se eleve el nivel de ingresos. Para quienes perciben el haber máximo previsto por el sistema, actualmente es de $103.064, la recomposición será de solo 3,75% y pasarán a percibir desde marzo $106.935.

Algunos previsionalistas estiman, para el universo de la ANSES de 5,7 millones de jubilados, un ajuste mensual de aproximadamente 5.000 millones de pesos, que anualizados serían 60.000 millones de pesos, si se compara lo que se habrá de pagar a partir de marzo con lo que hubiera correspondido de haberse aplicado la fórmula de movilidad derogada. Ya se están preparando una catarata de juicios contra el Estado nacional.

En el Chaco pasó algo muy parecido con el sueldo de los policías. En 2004 el Poder Ejecutivo dispuso por el Decreto N°1682/04 un aumento de suma fija en los básicos de los policías desde Cabo a Comisario General de $ 90. Al Agente de policía se le otorgó $ 100 de aumento que representó un 50,3% de aumento. Para el Comisario General el aumento de $ 90 significó una paupérrima recomposición del 6,6%.

La misma jugada se repitió en 2005 a través del Decreto N° 1686/05, con un aumento de suma fija de $ 75 para todos los grados, donde el Agente recibió un 28,4% y el Comisario General apenas el 5,1%. Y también en 2006 (Decreto N° 388/06) con una suma fija de $ 100 para todos los grados, donde el Agente recibió el 26% de aumento y el Comisario General apenas un 6,5% de aumento.

Entre 2004 y 2006 el Agente de policía acumuló el 143,2 % de recomposición salarial. En la otra punta de la pirámide el Comisario General recibió solamente el 19,3%. El ajuste salarial entre esas dos puntas fue brutal.

Las quitas salariales confiscatorias impuestas en la gobernación de Roy Nikisch achataron totalmente la estructura salarial, y no respetaron derechos adquiridos por los trabajadores policiales a través del Decreto N° 1367/92 ratificado por la Ley N° 3786, que rigió hasta el 30/06/2004. El Comisario General había adquirido el derecho a percibir un sueldo básico relativo de 6,8 veces el básico del Agente, y fue degradado salarialmente cinco grados menos y condenado a percibir  desde marzo de 2006 un sueldo básico equivalente a 3,4 veces el del Agente, o sea que salarialmente pasó a ser un Subcomisario. Y así en todos los demás grados hasta Cabo.

Presionado por los más de 2.500 reclamos presentados por policías en actividad y retirados contra el ajuste salarial, y las manifestaciones públicas de reclamo de policías retirados, el ex gobernador Nikisch otorgó una recomposición con tasas progresivas crecientes: 17% para el Agente hasta el 30% para el Comisario General a partir del 01-08-2007 por Decreto N° 2008/07. Pero lejos estuvo de devolver el 123,9% de quitas al Comisario General, y de allí para abajo en porcentajes variables negativos hasta Cabo inclusive.

En pleno conocimiento del conflicto salarial, a partir del 01/08/2008, el entonces gobernador Jorge Capitanich dispuso, por Decreto N° 2158/08, una recomposición salarial con tasas progresivas crecientes del 15% para el Agente hasta el 49% para el Comisario General. Aunque la brecha acumulada entre el Comisario General y el Agente se redujo, no se devolvió a los policías la estructura salarial que tenían al 30/06/2004. Esta situación volvió a generar numerosos reclamos administrativos y la judicialización ante el silencio de la administración.

La Cámara Contencioso Administrativa y el Superior Tribunal de Justicia tramitan actualmente demandas individuales y colectivas de 250 policías retirados y pensionadas, mientras en sede administrativa (INSSSEP) se hallan en trámite más de 600 actuaciones por reclamos iniciados en los últimos dos años. El objeto es obtener la reformulación de la escala de sueldos básicos de acuerdo con los derechos adquiridos del personal policial, y por otro lado el reconocimiento del pago de sumas en negro impagas a los pasivos. No se descarta que los policías en actividad comiencen a sumarse nuevamente a los reclamos.

Si bien durante el periodo 2017-2019, durante la gobernación de Domingo Peppo, se procedió al blanqueo de dos sumas en negro como “Fondo Estímulo para la Seguridad Ciudadana” y el “Suplemento por Vestuario”, y se accedió a otras reivindicaciones sectoriales, esas mejoras salariales se dieron en un contexto de una abrupta caída del salario real, producto de las paupérrimas pautas salariales de carácter general otorgadas a los empleados públicos, incluidos los policías, que estuvieron muy por debajo de la inflación, con una caída del salario real estimada del 50%. Lo que debió ser un proceso de recuperación salarial para el sector policial se convirtió solamente en un mecanismo de morigeración del ajuste por inflación.       

Según estimaciones propias, el ajuste salarial sobre el universo de 15.000 policías y penitenciarios en actividad y retirados, a valores actuales, por el achatamiento de la pirámide salarial superarían los 15.000 millones de pesos. Si se suma el ajuste salarial por pagos en negro de más de 6.000 millones de pesos, la deuda flotante devengada por incumplimiento del régimen salarial vigente, a valores actuales, sería equivalente a tres (3) Presupuestos de la Jurisdicción 21 Policía Provincial (base Presupuesto 2020). Esto quiere decir que, en promedio, los policías sufrieron una quita salarial confiscatoria equivalente a 3 años y medio de sueldos a valor actual o sea 45 sueldos incluido el S.A.C.: cerca de $ 1,5 millones cada uno.

Un Agente de policía cobra actualmente un sueldo de bolsillo de aproximadamente $ 22.000, la mitad de lo que necesita para cubrir la Canasta Básica Total del INDEC que mide el umbral de pobreza. El evidente atraso salarial en el grado base del escalafón policial y el ajuste salarial impuesto al resto de los policías chaqueños, no se condice con el salario justo y digno que merecen todos los trabajadores, incluidos los policías.

 

 

 

Para colmo los Gobiernos pasan y los ajustes quedan.

 

 

 

          

 

*Secretario General

 

Asociación Policías Autoconvocados del Chaco                                         


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