La Caja Negra del Estado

23/04/2019 | Opinión |

El Estado podría definirse como la comunidad humana que en determinado territorio tiene el monopolio de la violencia física legítima. De este modo el significado de la “política” es la aspiración a participar en el poder o influir en el reparto del poder para ejercer ese derecho a la “violencia legal” o sea la toma de decisiones públicas. Toda organización de dominio, en el caso el Estado requiere que la actividad humana (pueblo) se determine a obedecer a los poseedores presuntos del poder legítimo;  por otro lado la capacidad de disponer debido a esa obediencia de los bienes que oportunamente se necesitan para el uso del poder: El equipo de personal administrativo y los medios materiales de administración. 

La pregunta es si este monopolio tiene límites y en tal caso cuales. Sin duda que los sistemas políticos han mostrado diversas morfologías en distintos esquemas de control, constitucionales, intra y extra poder, controles administrativos, judiciales, organos ad-hoc, pero la realidad demuestra que por lo menos en nuestro país, los resultados de estos controles fueron paupérrimos.

Hay algunos aspectos que surgen evidentes si analizamos los temas que ocupan la opinión pública, las declaraciones de quienes ejercen el gobierno (poder formal), los distintos partidos políticos y las entidades intermedias (sindicatos, asociaciones profesionales, corporaciones, etc). En este sentido el meridiano de los temas generalmente pasan o se resuelven en cuestiones ideológicas, acusaciones cruzadas, u opiniones generales. Pareciera que los temas domésticos del ejercicio del poder no fuera una cuestión con la entidad suficiente como para prestarle atención. Contra ello conspiran los intereses sectoriales que se benefician con el uso discrecional de los fondos públicos; las complejidades propias de la ciencia contable y la falta de capacitación y formación de la sociedad para participar de la toma de decisiones siempre y cuando no sea para percibir un ingreso.

Posiblemente sean estos, entre otras carencias, las causas que genere las condiciones de impunidad con las que se manejan quienes ejerce el poder en Argentina, disfrazando la  cosa publica en cuestiones ideológicas, se pierde de vista la atención a cómo se realiza el gasto público,  básicamente en un análisis previo no posterior, previo para que no exista un derecho arbitrario del gasto. Podrá decirse que están las leyes de presupuesto y su reglamentaciones, pero lo cierto es que la sociedad en su gran mayoría no las entiende ni participa de su formación con lo cual transcurren en un mundo subterráneo. Vemos que la toma de decisión es absolutamente discrecional con un manto de impunidad inadmisible. Gasto unilateralmente dispuestos y que luego son usados para sostener discursos electorales realizados con el esfuerzo de los contribuyentes.

Estamos acostumbrados a leer en los medios de nuevos derechos o beneficios que se otorgan por ley o decreto, lo que no se dice o por lo menos no explícitamente es cómo se soportan tales beneficios o gastos públicos, de donde se sacan los fondos y a quien se los sacan, o sea quienes son los que dejan de percibir estos fondos destinados a otros fines. Decretos otorgando beneficios, leyes eximiendo de pagos, o por el contrario proyectos que presuponen grandes erogaciones, sin explicar que consecuencias tienen. Continuamente leemos creaciones de organismos burocráticos que presuponen un aumento de gasto público sin una necesidad perentoria. La sociedad no tiene elementos ni formación para entender la conveniencia de este tipo de manejo de la cosa pública, y sea posiblemente esta falencia la que permite su uso abusivo, justamente porque es la sociedad la recipiendaria de las políticas pública y fundamentalmente quien aporta con sus impuestos el ingreso de los fondos dispuestos por el poder.

Sería conveniente poner atención a estos aspectos para educarnos como sociedad en el entendimiento y participación en el control de los fondos públicos. Atender a la política doméstica, las necesidades cotidianas de nuestro entorno. Esto por lo demás conferiría mucho mas legitimación a las decisiones políticas para que no sean el resultado de la voluntad personal de los dirigentes. Es necesario instrumentar mecanismos formales que aseguren la participación en la toma de decisión, no puntualmente pero si estableciendo mecanismos que asegure un mínimo de legitimidad, para que el ejercicio de aquella “violencia legal” sea además de legal compartida por la sociedad, o sea legitima.

Un punto neural es la publicidad de los actos públicos y su acceso. Tiene que asegurarse a la sociedad vías de acceso fácil y oportuno para el control de las decisiones gubernamentales la que obviamente no es cumplida por el Boletín Oficial.

Mariano Sebastian Moro


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