Venezuela en crisis

24/01/2019 | Opinión |

En Venezuela tenemos una situación de clara dualidad. Por un lado  el gobierno de Nicolás Maduro, que ejerce el Poder Ejecutivo, por un lado; y el de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, quienes se disputan la legalidad de sus respectivos cargos.

Esto genera a nivel internacional donde si bien no hay un orden normativo positivo, si existen acuerdos y costumbres operativas, situaciones de tensión no solo por las relaciones políticas sino comerciales,  culturales y sobre todo humanitarias. Rige en el ámbito internacional un principio arraigado que es el de “no intervención” de los Estados en los asuntos internos de otro, basado en el concepto de soberanía y autodeterminación de los pueblos. Este principio muchas veces vulnerado, es el que impone una barrera moral por la cual la comunidad internacional no puede de buena fe intervenir en las cuestiones internas de ningún estado en particular, en este caso el de Venezuela. Por eso es tan difícil para los estados, tomar partido por uno u otro sector interno que se adjudica la legitimidad de su rol. A pesar de ello, somos testigos en estos días que los estados del mundo no han tenido una actitud homogénea, lo que evidencia la falta de una única solución.

La pregunta que nos hacemos es si aún podemos seguir funcionando con los viejos criterios de los Estado-Nación, soberanos, independientes, que rigen desde los tiempos de la paz de Westfalia del siglo XVII, o si la situación internacional, la comunidad de estados, los ciudadanos del mundo han cambiado y tienen nuevas realidades y necesidades. Ya no podemos legítimamente seguir aferrados a rígidos cánones productos de demandas temporales ya superadas. Hoy enfrentamos procesos de integración regional, de desintegración regional, de cooperación y constitución de un espectro internacional complejo.

Es cierto que los pueblos tienen derecho de autodeterminación, pero también es cierto que los pueblos ya no son “el pueblo” de un solo país. No solo que los pueblos son permeables y continuamente se fusionan con el aporte de otros estados, se integran y comunican con mayor plenitud, sino que no se concibe la existencia aislada de un pueblo ni un estado. Por ello ya no resulta operativo el principio de no intervención cuando ocurren situaciones de violación de derechos humanos y ambientales, y quien detenta el poder internamente no brinda las mínimas garantías de legalidad y transparencia.

Entonces la pregunta que nos hacemos es si este principio de “autodeterminación” exige además otros elementos que acrediten a la comunidad internacional el respeto de los derechos elementales del régimen democrático. En este sentido somos testigos de que en los distintos procesos electorales de los países de Latinoamérica se ha establecido la participación de representantes de países vecinos en los procesos electorales a fin de dar transparencia internacional y legitimidad sin que esto signifique una intromisión. Este como otros aspectos evidencian que es necesario abrir fronteras y dar explicaciones a la comunidad internacional y sobre todo a los organismos internacionales para garantizar la legalidad de los procesos electorales y de gobierno, extremos que si bien limitan el poder omnímodo de los gobiernos para adentro, refuerzan la vigencia de los principios democráticos y el estado de derecho.

 Esto es justamente lo que falta en Venezuela, la posibilidad de una garantía mínima de legalidad y legitimidad del proceso llevado adelante durante todos estos años por Nicolás Maduro, lo que impide a la comunidad internacional tener una mínima seguridad del respeto de las cláusulas democráticas establecidas en todos los tratados internacionales actuales, e impide reconocer el mismo como fruto de un proceso electoral legítimo y por otro lado impone a los demás estados a tomar posición ante la grave situación humanitaria del pueblo Venezolano. 

Una postura de respeto irrestricto a la no intervención con el fundamento de que el gobierno de Maduro es un gobierno legítimo,  a pesar de  la evidencia de la grave situación alimentaria, sanitaria, de seguridad y de ejercicio de los derechos políticos, la total imposibilidad de control de los procesos electorales como del respeto interno de los derechos humanos, presupone una ingenuidad genocida. La comunidad internacional tiene el deber de tomar posición en forma institucional a fin de no consentir procesos dictatoriales y evitar mayores daños a las penurias ya sufridas por el noble pueblo Venezolano.      

MARIANO SEBASTIAN MORO

Director Grupo Ambientalista UNA TIERRA         


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